La reciente detención de un ciudadano brasileño por parte de agentes de Investigaciones, bajo la acusación de contrabando de unos 30 teléfonos celulares, generó profunda preocupación entre comerciantes de Ciudad del Este.
El procedimiento, encabezado por el comisario Wilfrido Maldonado, fue presentado como resultado de un “trabajo de inteligencia”, pero comerciantes denuncian que se trató de un operativo extorsivo. La fiscal Ruth Benítez ordenó la detención e imputación del extranjero, aunque el Juzgado Penal de Garantías dio trámite de oposición y emplazó a la agente fiscal a justificar los méritos y fundamentos de la imputación, con participación del fiscal adjunto.
En resumen, el juzgado detectó irregularidades en el procedimiento y frenó el intento de imputación sin sustento. “Nos estamos destruyendo con estos hechos; no hay garantía para nuestros clientes. Es hora de hacer algo”, expresaron preocupados comerciantes.
Según los datos recabados, los agentes exigieron supuestamente 10.000 dólares al comprador a cambio de no proceder, y ante su negativa, fue reducido y entregado a Aduanas y la Fiscalía. Una actuación vergonzosa que deteriora aún más la imagen comercial de la ciudad.
Incluso dentro de la propia Policía existen molestias por los procedimientos irregulares de la unidad de Investigaciones. Algunos efectivos se sienten impotentes ante lo que describen como “carta blanca” para que Maldonado y su equipo actúen impunemente con el fin de recaudar.