Prisión para violento hombre que agredió a su pareja y raptó a su propio hijo de 1 mes de vida
La agente fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar Nº 1 de Ciudad del Este, formuló acta de imputación contra un hombre de 26 años que habría maltratado física y verbalmente a su pareja, además de arrebatarle su hijo pequeño de 1 mes. El imputado, quien enfrenta cargos por violencia familiar, se encuentra detenido en sede policial, con pedido de prisión preventiva.
La investigación refiere que la agresión se produjo el 20 de diciembre, en horas de la noche, en un inmueble ubicado en el kilómetro 14 Monday de Minga Guazú. En esa ocasión, el hombre, que se encontraba en estado etílico, quiso salir de su casa para seguir consumiendo bebidas, momento en que inició una discusión con su pareja.
Seguidamente, el hombre maltrató verbalmente a la víctima, denigrándola en su condición de mujer, y luego le propinó golpes con una mochila y con la mano abierta, ocasionándole lesiones. Posteriormente, el hombre arrebató de los brazos de la madre a su hijo de un mes y huyó de la vivienda.
Tras la denuncia, intervinieron agentes policiales de la Policía Nacional, quienes localizaron al sujeto a una distancia aproximada de dos kilómetros y, ante su negativa de entregar al lactante, utilizaron la fuerza para rescatar al niño. El imputado, que se mostró agresivo, finalmente fue aprehendido por el personal policial. El mismo dio positivo a la prueba de alcotest a la que fue sometido.
La Fiscalía sostiene la imputación basada en elementos de convicción como el diagnóstico médico de la víctima, placas fotográficas de las lesiones, el informe del médico forense y la contención psicológica realizada por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. La conducta del procesado se encuadra preliminarmente en el hecho punible de violencia familiar, en calidad de supuesto autor.
Ante la gravedad del hecho, la existencia de agresiones previas y el peligro de fuga por falta de arraigo, la representación pública requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva. Además, solicitó seis meses de plazo para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.