Imputan a productores por estafa agraria millonaria en Itakyry
La justicia paraguaya desenmascara una red criminal que operaba con total impunidad en el corazón agrícola del país. Los agentes fiscales Fidel Godoy Florentín y Zunilda Ocampos Marín imputaron a dos productores —padre e hijo de 51 y 28 años— por los delitos de producción de documentos falsos y asociación criminal. El Ministerio Público no dudó en solicitar su prisión preventiva, evidenciando la gravedad de un esquema que buscaba apoderarse de 441 hectáreas de tierras en la colonia Aguapé, distrito de Itakyry.
Los imputados, en un acto de soberbia y desprecio por la ley, fraguaron instrumentos públicos para transferir irregularmente tres inmuebles valuados en millones de dólares el 23 de diciembre de 2024. La operación se consumó en tiempo récord, con el registro fraudulento ante la Dirección General de los Registros Públicos apenas cuatro días después. Utilizaron a un tercero como prestanombre, manteniendo el control ilegal de las fincas a través de las empresas Agropecuaria ORION S.A. y ANR S.A., explotando un contrato de arrendamiento vencido con la legítima propietaria, Inversiones Agrícolas S.A..
El allanamiento realizado este 2 de febrero de 2026 dejó al descubierto la magnitud del despojo. La comitiva fiscal-policial incautó teléfonos iPhone bloqueados, anotaciones de cultivos de soja, maquinaria agrícola, vehículos y 20.329.000 guaraníes en efectivo. Los productores no pudieron acreditar documentación legal alguna, confirmando que operaban como verdaderos usurpadores del patrimonio ajeno.
El acta de imputación es contundente: el título utilizado es apócrifo, con la firma falsificada de un exsocio que ni siquiera estaba en el país. Peor aún, revela un contubernio con gestores y funcionarios públicos que habrían fabricado hojas de protocolo inexistentes para blindar el fraude y obstaculizar cualquier acción de reivindicación. Este caso no es solo un robo de tierras; es una muestra vergonzosa de cómo las mafias agrarias se infiltran en las instituciones, burlando la ley con la complicidad de servidores públicos indolentes.