Estafadores en Ciudad del Este operan con impunidad gracias a la protección de funcionarios

Con un ruido mediático que apenas disimula su inoperancia, la Dirección de Defensa del Consumidor y del Usuario de Ciudad del Este anunció una «intervención» que no es más que una farsa. Lograron la devolución de 6 millones de guaraníes a un turista estafado y suspendieron temporalmente un negocio identificado como «TM Electrónicos». Pero, en un acto de complicidad vergonzosa, se negaron a dar detalles cruciales: el nombre del propietario, si la denominación es de fantasía o corresponde a una empresa legal. Con este silencio, protegen descaradamente al estafador.

Esta impunidad, otorgada por funcionarios municipales serviles y un Ministerio Público indolente, es el combustible que mantiene vivo el esquema de estafa en la zona comercial esteña. Los comerciantes inescrupulosos saben que, si son sorprendidos, solo enfrentarán una devolución de dinero y una suspensión breve. Algunos, con cinismo, cambian la denominación de fantasía y vuelven a operar de inmediato, burlándose de la ley y de las víctimas.

La institución municipal y la fiscalía actúan como cómplices al esconder la identidad de los estafadores, otorgándoles la libertad de continuar sus fechorías. Cuando aplican una suspensión, no aclaran si es contra el negocio—casi siempre una pantalla de fantasía—o contra la empresa real, que podría ser una S.A., S.R.L. o unipersonal. Esta opacidad es una traición a la ciudadanía, que queda expuesta y desprotegida.

Sin procesos penales y con esta protección encubierta, los estafadores operan con una soberbia insultante. La cadena de impunidad no se romperá hasta que los funcionarios dejen de ser guardianes de los delincuentes y empiecen a cumplir su deber. Mientras tanto, los turistas y ciudadanos seguirán siendo presa fácil en una ciudad donde la corrupción protege a los estafadores.