Denuncian a los 263 intendentes del país por usurpación de funciones públicas
La Organización Escuela Cívica Militante (ECM) ha lanzado una denuncia contundente ante la Fiscalía General del Estado contra los 263 intendentes de todo Paraguay, acusándolos de usurpación de funciones públicas. Esta acción, que promete remitirse a todas las fiscalías departamentales, pone en la mira a la totalidad de los jefes comunales del país, cuestionando la validez misma de sus mandatos.
El presidente de la organización, Abudino Gaona, sostiene con firmeza que la ley promulgada en noviembre de 2022, que extendió el periodo de los intendentes, es un fraude constitucional. Según Gaona, esta norma viola flagrantemente el artículo 290 de la Constitución Nacional, que prohíbe utilizar el procedimiento de enmienda para modificar la duración de los mandatos de los poderes del Estado, exigiendo en su lugar una reforma constitucional. La denuncia exige al Ministerio Público que investigue de oficio a cada uno de estos funcionarios bajo el artículo 241 del Código Penal, que castiga la usurpación de funciones públicas con hasta tres años de prisión o multa.
Esta no es la primera vez que la ECM desafía al Estado. La organización ya tiene ingresados dos pedidos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, los cuales, según denuncian, han sido ignorados de manera vergonzosa. Uno se refiere a la enmienda que permite el voto en el exterior, y el otro es precisamente contra la ley que extendió los mandatos municipales. Ambos, alegan, son inconstitucionales y reflejan una actitud servil del sistema hacia intereses políticos particulares.
Frente a esta situación de aparente impunidad e inacción estatal, la organización hace un llamado directo a la ciudadanía para que exija el cumplimiento de la Constitución. Invocan el derecho de los paraguayos a «resistir a los usurpadores», un llamado a la acción que pone en evidencia la profunda desconfianza hacia las instituciones. Este caso no solo cuestiona la legalidad de los intendentes en funciones, sino que expone una vez más las grietas en un sistema que parece proteger más a los poderosos que a la ley.