Consejero del IPS propone crear una banca privada social para adultos mayores y trabajadores

Un consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) ha presentado una propuesta innovadora que podría transformar el sistema financiero paraguayo: la creación de una banca privada social dirigida específicamente a adultos mayores y trabajadores.
Esta iniciativa busca ofrecer servicios financieros adaptados a las necesidades de estos grupos poblacionales, quienes históricamente han enfrentado barreras para acceder a productos bancarios convencionales.
La propuesta, aún en fase de discusión, plantea un modelo que combine la solidez de la banca privada con un enfoque social claro.
Según el consejero, esta institución financiera podría ofrecer desde cuentas de ahorro con condiciones preferenciales hasta líneas de crédito diseñadas para proyectos productivos o emergencias familiares, siempre con tasas de interés más accesibles que las del mercado tradicional.
El proyecto se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la inclusión financiera en Paraguay, donde según datos del Banco Central, aproximadamente el 45% de la población adulta aún no tiene acceso a servicios bancarios formales.
Los adultos mayores y trabajadores informales constituyen los grupos más afectados por esta exclusión, limitando sus posibilidades de planificación financiera y protección ante contingencias.
Expertos en políticas sociales han destacado el potencial de esta iniciativa para complementar el sistema de seguridad social existente. Una banca con estas características no solo facilitaría el ahorro voluntario para la jubilación, sino que también podría servir como canal para la distribución eficiente de beneficios sociales y pensiones, reduciendo costos operativos y mejorando la transparencia en la gestión de estos recursos.
La propuesta ahora deberá ser analizada por las autoridades competentes del IPS y otros organismos del Estado paraguayo, quienes evaluarán su viabilidad técnica, financiera y legal. Su implementación requeriría una cuidadosa regulación para garantizar tanto la sostenibilidad de la institución como la protección efectiva de los ahorros de sus usuarios, especialmente los más vulnerables.