Cárcel de Viñas Cué refuerza seguridad tras hallazgo de celular oculto para la pareja de Marset
La cárcel militar de Viñas Cué se vio obligada a reforzar sus medidas de seguridad tras un episodio que expuso, una vez más, las vulnerabilidades del sistema penitenciario paraguayo. El intento de ingresar un teléfono celular de alta gama a la celda de Gianina García Troche, ex pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue frustrado por los agentes, pero dejó al descubierto la audacia con la que operan los entornos del crimen organizado.
El general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, confirmó a radio Monumental 1080 que, tras el incidente ocurrido hace tres días, se coordinó un refuerzo de seguridad con la Fuerza Aérea, el Comando del Ejército y la Armada. Esta medida reactiva, sin embargo, llega tarde y evidencia la falta de protocolos preventivos en un penal que alberga a una interna catalogada como de alta peligrosidad.
El teléfono, un iPhone, fue hallado escondido en el interior de un termo que portaba Federico García Troche, hermano de la reclusa, durante una visita este sábado. Acompañado por los hijos pequeños de Gianina, el joven intentó burlar los controles, pero los agentes descubrieron el artilugio. Pese a la incautación, la visita no fue interrumpida y el hermano salió del penal por sus propios medios, un detalle que genera serias dudas sobre la firmeza de las sanciones.
Narváez, en un tono que minimiza la gravedad del hecho, aclaró que «no constituye ningún delito querer ingresar un teléfono», aunque viola las normas del penal. Los agentes labraron un acta e informaron a la jueza Rosarito Montanía, quien dispuso la reclusión de García Troche en la penitenciaría castrense. La reclusa, quien ya había sido sancionada el pasado 5 de diciembre por romper cámaras de seguridad en medio de una crisis nerviosa, volvió a sufrir un episodio similar tras el incidente, pero fue controlada rápidamente.
Este caso no es aislado: refleja un patrón de impunidad y connivencia que permite al crimen organizado operar desde dentro de las cárceles. Mientras las autoridades se limitan a medidas reactivas, los intentos de burlar la ley continúan, poniendo en entredicho la efectividad del sistema de justicia militar y la seguridad nacional.